La carrera electoral por la presidencia se acerca a su fin, entre giros discursivos calculados, algunos endosos explícitos y otros disfrazados de neutralidad, en campañas que buscan reforzar una y otra vez los pasivos del adversario, omitiendo exhibir la misma intensidad para explicar sus planes de gobierno, y quizás más importante aún, su visión de país. Mientras tanto, la sociedad peruana se debate entre la inminente llegada del fenómeno El Niño, particularmente, destructivo; la fragilidad institucional y un adverso panorama geopolítico global, agravado por tensiones en el Medio Oriente, la escalada en el estrecho de Ormuz y el consecuente encarecimiento del petróleo; factores que vulneran la seguridad alimentaria y energética del país y que, demandan una acción decidida del Estado frente a estas amenazas.
Las últimas encuestas de Ipsos reflejan un escenario cerrado e incierto: la candidata Fujimori (40.4%) mantiene una ventaja de tan solo dos puntos porcentuales frente al candidato Sánchez (38.3%), configurando un virtual empate estadístico. Por las fechas en que se realizó la encuesta, falta medir el impacto final del debate presidencial para decantar el voto de los indecisos, los blancos y los viciados, quienes concentran un significativo 21.3%, a menos de una semana de los comicios.
El debate del último domingo ofreció un espectáculo aleccionador, y hasta cierto punto entretenido. Ver cómo la candidata que ofrece orden y seguridad, no puede articular un discurso fluido sin recurrir a guiones preparados de antemano, mientras se apilan frente a ella en desorden documentos y papeles; o, al candidato que no puede decir una palabra frente al cuestionamiento sobre sus vínculos con personajes oscuros como Antauro Humala, lo que permite entrever sus reales capacidades para conducir los destinos del país. Lamentablemente no se vio mucho más, puesto que ambos candidatos decidieron centrar sus intervenciones en acusaciones y ataques personales, desperdiciando, quizás intencionadamente, la oportunidad de someter a escrutinio la viabilidad y solvencia de sus programas de gobierno.
Dentro de esta pobreza de ideas, llama la atención que, en el bloque de derechos humanos, la candidata Fujimori se limitara a enunciar obras públicas o servicios básicos -lo que trasluce su visión sobre la materia tras proponer el retiro del Perú de la CIDH- o que en el bloque de educación y salud reiterara medidas como la entrega de útiles escolares, en un calco de las políticas asistencialistas que implementara el gobierno de su padre ¡hace 30 años! Por su parte, el candidato Sánchez tampoco ofreció solidez, limitándose a propuestas gaseosas y poco consistentes como el mantra del 6% del PBI destinado a la educación (otra vez), o prometer que mantendrá al todopoderoso e irreemplazable Julio Velarde en la presidencia del BCRP.
A nivel técnico y de reforma del Estado, el debate evidenció una alarmante falta de profundidad sobre la descentralización para el periodo 2026 – 2031, donde las ofertas oscilan de forma extrema entre la simplificación administrativa y una ambiciosa autonomía fiscal que requeriría complejas modificaciones constitucionales,
obviando los riesgos de aplicar estas medidas en jurisdicciones con alta pobreza fiscal.
Los posibles escenarios post – electorales se tornan complejos y otorgan poco margen para el optimismo. Un eventual gobierno de Keiko Fujimori probablemente proyectaría el cierre de espacios democráticos mediante
la defensa irrestricta del modelo económico consagrado en la Constitución de 1993 y la consolidación de un copamiento institucional iniciado en la legislatura 2021 – 2026. Con la primera minoría en un Parlamento bicameral y la influencia en la Contraloría, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, el Ejecutivo representa el último eslabón para concentrar el poder absoluto, emulando al régimen de su padre, con las consecuencias nefastas que ya conocemos. Este esquema podría alinearse con la administración estadounidense de Donald Trump, que vería con agrado un aliado sumiso para frenar la creciente injerencia de China en la región, lo que a su vez le daría carta libre para avanzar en su proyecto político.
Por su parte, un eventual gobierno de Roberto Sánchez se enfrentaría desde el inicio una crisis de gobernabilidad
sistémica bajo un presidencialismo sitiado. Con el nuevo diseño bicameral, un Senado conservador y dotado de
amplias facultades, actuará como un dique de contención ideológico ante cualquier intento de reforma. Sánchez,
con una minoría de origen y sin coaliciones programáticas, se enfrentaría al dilema de convertirse en un rehén de la tutela legislativa o arriesgarse a una confrontación que, bajo las nuevas reglas de control y juicio político, tiene mayores probabilidades de derivar en una destitución acelerada. El legado de la legislatura 2021 – 2026, con el bloque fujimorista como actor principal, será la exacerbación de la disfuncionalidad institucional del quinquenio previo, consolidando un esquema donde el equilibrio de poderes ha sido sustituido por una supremacía legislativa que garantiza la inestabilidad.
Ante este sombrío panorama, resulta imperativo elevar el nivel de la discusión pública, a contracorriente de lo que hasta este momento nos han exhibido las fuerzas políticas que compiten por la presidencia. En este número, procuramos enriquecer el debate cuestionando el mito de la minería como plataforma automática de desarrollo – sector que arriesga extinguirse si continúa limitándose a la depreciación de recursos sin generar capital intelectual o valor tecnológico- y, explorando la vigencia del cooperativismo como alternativa al sistema capitalista imperante. Frente a un proceso electoral marcado por el pragmatismo superficial y la demagogia, el futuro del país exige trascender la retórica partidista y restablecer el principio de responsabilidad política en la alta función pública como un mecanismo urgente de transparencia,ética y rendición de cuentas ante la ciudadanía.
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