Las funciones sociales de los partidos políticos

A través de Egon Montecinos en su libro “Centralismo y descentralización en Chile, pasado, presente y propuestas de futuro1, podemos iniciar nuestro conocimiento sobre ese proceso en el país sureño; sin embargo, su lectura nos lleva a imaginarnos de un proceso similar al nuestro, por lo que pudiendo comentar su desarrollo, mejor optamos por identificar párrafos que podrían ser aplicables al proceso de descentralización peruano. Preliminarmente escojo dos citas que calzan con nuestro proceso, sin que ello induzca a que el paralelismo que presento sea una burda comparación; puesto que, los procesos de descentralización en cualquier latitud tienen su propio desarrollo, pero también responden a ciertas reglas aplicables a dichos procesos de descentralización, como, por ejemplo, que no todo se puede descentralizar, y que ella tiene a la articulación como elemento consustancial a su desarrollo.

De otro lado, el centralismo tanto en Chile como en el Perú, retardan cualquier otro modelo de gobierno, por ello: “Este excesivo centralismo en Chile, sumado a una actuación compartimentada del Estado, ha provocado que la gestión pública en regiones y comunas adopte un «rostro» lento y burocrático” (Pág. 25); se aplica a nuestro contexto, puesto que, el gobierno central peruano en estos 23 años (2002 – 2025) ha estancado ese “…proceso permanente…”2. Mantiene normas que a la fecha no tienen concordancia con el proceso de descentralización o ya no la acompañan en su avance administrativo.

Así mismo, cuando el modelo de gobierno (centralista – descentralista) se modifica o se pretende cambiar, no pueden mantenerse los mismos parámetros: “Especial interés tendrá poner los esfuerzos en los desafíos que implica para el país «hacer mejor las cosas» en contextos de descentralización política, que, en contextos de centralismo, que en lo formal va de salida, pero sobre el cual hemos vivido los doscientos años de vida republicana.” (Pág. 26). En nuestro caso, los doscientos años de República tampoco han cambiado o modificado las condiciones de bienestar de la población o ha generado el desarrollo territorial. En un contexto de descentralización es poco creíble que el territorio se mantenga demarcado como hace doscientos años, o que más de mil setecientas municipalidades sigan dependiendo de la transferencia presupuestal para, básicamente, pagar planillas. Ellas se mantienen debilitadas en todo sentido. Lo referido no es ningún descubrimiento y menos una acusación a un determinado gobierno, simplemente una realidad que, al señalarla, exige una nueva configuración territorial, la misma que no debe convertirse en un cencerro de las autoridades gubernamentales.

De otro lado, la mención sobre la gobernanza no es nueva, puesto que, en nuestro país, como parece que, en el resto de Latinoamérica, se ha ido mencionando desde hace más de dos décadas, y como siempre, es recogida de experiencias de otras latitudes, por lo que, además, se adoptan conceptos diversos alrededor de ella y para colmo, adjetivos que la van maquillando al gusto de sus mentores de turno. Parece que es el caso chileno cuando Egon Montecinos recoge ese constructo de “gobernanza democrática”: “La gobernanza democrática nos ayuda a sostener que la descentralización, sin un debido diseño institucional que fortalezca la articulación de actores a nivel subnacional, puede terminar siendo un medio que no encontrará el sustento institucional para resolver las problemáticas regionales y territoriales.” (Pág. 27). En nuestro caso, el peruano, la gobernanza se ha conceptualizado como la participación de actores sociales, empresa y academia, que tienen presencia en el territorio; y el adjetivo que se ha acuñado es el de “gobernanza digital”. En cualquiera de los casos, la gobernanza incorpora a actores del territorio que no son únicamente de la parte gubernamental y que promueve, por lo tanto, una relación horizontal.

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