La situación social en el Perú ha alcanzado su punto crítico más alto, por los gravísimos problemas que se viven con la violencia criminal y la impunidad, este último como una vuelta a la esquina.
Con un promedio de cuatro víctimas diarias bajo la modalidad de homicidio extorsivo, la realidad que sufren los peruanos es desgarradora, puesto que la criminalidad organizada ha sembrado de miedo a la población. Sin embargo, en lugar de abordar esta crisis con seriedad y compromiso, la declaración de la presidenta Dina Boluarte al sostener que la seguridad no es su responsabilidad, constituye una lavada de manos típica del despotismo y pone también en evidencia, su absoluto desprecio por la vida de los peruanos. Debe quedar claro que, la seguridad ciudadana y el orden recaen en el Estado, y hoy se requiere de un liderazgo y de capacidad de convocatoria claro que articule los esfuerzos del Estado en su conjunto y no solo del gobierno que dirige, tan vital para la efectividad de la justicia y la protección de la vida.
Puesto así, la criminalidad organizada ha desbordado el Estado. El descontento generalizado de la población hacia el gobierno, es patente ante incapacidad demostrada para enfrentar la criminalidad y la corrupción que asola el país. Este desborde no controlado genera la percepción en la ciudadanía de verse sola y abandonada, porque saben que no hay estrategia ni inteligencia ni liderazgo alguno que se ponga al frente en la lucha contra la criminalidad. Es por ello que los gremios de transportistas ganan las calles exigiendo seguridad, así como los pequeños negocios se ven obligados a cerrar y las escuelas privadas a pasar a la virtualidad; pero en algunas ciudades, los pobladores cansados de la violencia e inacción, empiezan a tomar el toro por las astas advirtiendo que aplicarán la justicia ciudadana de Juan Pueblo.
Del mismo modo, queda claro que el Congreso blinda a los ministros de la Sra. presidenta, no por convicción sino obedeciendo intereses oscuros y subalternos, un toma y daca entre delincuentes, no existiendo el contrapeso obligado en democracia. En buena cuenta, los congresistas tratan de sacar provecho de la precariedad del Gobierno, no solo por carecer de bancada, sino por la absoluta mediocridad de los miembros del gabinete, lo cual nos coloca ante la cruda realidad de la corrupción e impunidad que impera en el país.
El combate contra el delito criminal y la corrupción se ha convertido en todo un espectáculo trágico, porque este Congreso ha construido toda una plataforma de corrupción, así como un andamiaje normativo de impunidad en las leyes y normas, en que policías, fiscales, procuradores y jueces, en la maraña de los expedientes de personajes conocidos, no imponen sanción ejemplar a pesar de los delitos criminales y de corrupción cometidos, porque los mecanismos para operar eficazmente, han sido hechos para neutralizar o anular, y de esa manera, garantizar la impunidad dentro del sistema de justicia y desde el sistema político.
Hay que advertir que la deriva más peligrosa del Ministerio Público como el poder Judicial, estriba en su extrema politización y polarización, obedeciendo al juego de máscaras del poder hoy activas. En su seno están instaladas mafias comprometidas con la criminalidad y la corrupción. Los casos emblemáticos de Keyko Fujimori, Ollanta – Nadine, PPK, Martin Vizcarra o Vladimir Cerrón están en el candelero y tardarán por definirse, en tanto el caso de Susana Villarán por los peajes, está a la espera porque cuenta con el apoyo de la fiscalía.
Esta ha sido la estrategia de Fuerza Popular, Alianza para el progreso, Podemos, Perú Libre y otros en el Congreso, asegurar todo impedimento de hacer efectiva la justicia contra aquellos que cometieron delitos y que en la actualidad ocupan cargos. En ese camino persisten. Ante el temor que la verdad se abra paso bajo canales institucionales y que la ciudadanía harta no los vuelva a elegir en los siguientes comicios, es que han activado ese plan para lograr el blindaje más allá del 2026.
La criminalidad y la impunidad estarán presentes en el proceso electoral 2026 y de seguro, será motivo de incendio político exacerbado ante tanto delincuente que se presente. Con 43 agrupaciones políticas vistas como un cambalache y promovidas por Vizcarra, se ha abierto la puerta a la participación indiscriminada y libre de toda limitación a candidatos desconocidos a la presidencia y congresal, sin trayectoria democrática. Pero el proceso apenas empezado está siendo ensuciado con las 300, 000 firmas falsas de 32 partidos políticos identificados por la Reniec y que deben ser retirados.
De hecho, la polarización política estará presente y quizás llegue al paroxismo. Nadie la tendrá fácil y en la segunda vuelta estarán dos cabezas de ratón que no alcanzarán siquiera el 10% de voto efectivo. A lo sumo 5 a 7 de partidos sobrevivirán, puesto que enfrentarán a una ciudadanía en que predomina el desinterés y el desafecto hacia los políticos y en las redes sociales prevalecerá la polarización. El temor a la criminalidad puede llevar a votar por opciones autoritarias de sujetos impunes que ofrecerán mano dura, o a votar por opciones antisistema que ofrezcan refundar el país. Los sectores fácticos e informales son los que tiene hoy la mayor capacidad de movilización.
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