La indignante continuidad de los hechos

Las últimas encuestas, una tras otra, confirman la tendencia negativa en que ha caído el régimen político actual, pues muestran el colapso sin precedentes de la confianza ciudadana hacia las principales autoridades políticas del país, incluido el alcalde de Lima. Las encuestas urbano – rurales del IEP y CIT PERU Al, registran una caída sostenida de la presidenta Dina Baluarte en la aprobación ciudadana que oscila entre el 3,6% al 1,6% y para el Congreso, entre 4% a 3%. De hecho, tenemos una desaprobación histórica que, por su contundencia, traza un panorama crítico para la gobernabilidad del país y revela la profunda desconexión del régimen político con las necesidades reales de los ciudadanos.

Lo más llamativo de los resultados ha sido la uniformidad del rechazo ciudadano, las diferencias de edad, sexo o región, indican un consenso nacional de 0% de aprobación, considerando el error muestra!, porcentaje casi similar al obtenido por el Congreso. Sin embargo, el desplome de la confianza de los peruanos poco les ha importado, con el mayor cinismo, angurria e incompetencia, continúan sin resolver los problemas centrales del país: el crimen organizado ocupa más espacio en las calles y la corrupción campea en las instituciones, la economía sigue sin rumbo, los derechos de las mayorías están en caída y la impunidad hiede a podredumbre. Pero ya no es solo la incertidumbre que angustia a los peruanos, es también la indignante continuidad de los hechos.

Se revela así el abandono de la política y el deterioro del Estado de derecho, que amenaza el futuro del país. Son varios años desde la sucesión desordenada y constante de presidentes hasta la actual, que han exacerbado la crisis política y generado mayor pobreza, desigualdad e inestabilidad. La extrema mediocridad a que han llegado en el ejercicio del poder y de quienes toman las decisiones, Gobiernos y Congresos, están marcados por la falta de transparencia y ausencia de mecanismos claros de rendición de cuentas. Por eso el escepticismo democrático, en un contexto de crisis institucional sostenida, que ha debilitado los vínculos entre la población y el Estado. La propuesta de aumento del sueldo a la presidenta a 35,500 soles, el cambio de gabinete que no responde a las urgencias ciudadanas, la designación del ex primer ministro a la ONU y el reciclaje de ex ministros, la ciudadanía las percibe como «premios» al mal desempeño y burla al mejor estilo de Melcochita.

El ejercicio autoritario y excluyente del poder nos ha conducido al autoritarismo parlamentario encubierto como el actual ca-Gobierno. La ciudadanía percibe al Estado como ineficaz, capturado por políticos advenedizos y delincuentes en contubernio con los poderes fácticos. El sistema de pesos y contrapesos ha sido reemplazado por relaciones de preponderancia de un poder sobre otro, no hay cooperación entre poderes, sino tácticas de sobrevivencia. Fuerza Popular y Alianza para el Progreso controlan la mesa directiva del Congreso delincuencia! y garantizan a Baluarte su permanencia en el poder, con el concurso de los demás partidos que tienen bancada, todos culpables de este gran entuerto. Lo que tenemos es un Gobierno controlado por el Congreso. Sin partido ni congresistas, con 0% de aprobación, el poder de Baluarte no emana del pueblo, sino del Congreso sin legitimidad y en ese poder, FP, APP, RN, Podemos, PL y otros, controlan todo.

Dicho control se manifiesta, por ejemplo, con la aprobación del Legislativo y la anuencia del Ejecutivo, de transferir y duplicar la entrega progresiva de recursos fiscales provenientes- del IGV al Fondo de Compensación Municipal (del 2% al 4%); con el objetivo de asegurar la supervivencia del régimen político hasta el 28 de julio del 2026, teniendo a los alcaldes de aliados coyunturales y beneficiando a congresistas que buscan la reelección o que quieren candidatear a alcaldías y gobernaciones; a la vez en un toma y daca, se aprobará los viajes de la presidenta y la envestidura del gabinete. Los riesgos de esta medida son el debilitamiento de la situación de las finanzas públicas con mayor endeudamiento, el incremento de la corrupción y el déficit de servicios públicos como la salud, educación y seguridad.

En la misma línea todo se cura en silencio. El Poder Legislativo aprobó en comisiones el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria para senadores y diputados, con el fin de tratar de tapar sus tropelías y acciones presuntamente delictivas, como los «mocha sueldos», tráfico de influencias, conflictos de intereses y hasta delitos penales comunes, que terminarán siendo archivadas de plano si es que el pleno del Congreso aprueba la reforma constitucional. La justicia debe alcanzar a todos por igual. La inmunidad parlamentaria no es mala per se, sino que su diseño, la forma en que se ha usado y la inexistente responsabilidad que tienen los partidos políticos por presentar todo menos personas integras al Congreso, no garantiza la justicia.

De otra, la mediocridad e ineptitud del Gobierno para combatir la delincuencia criminal o la minería ilegal, la ausencia del Estado en zonas críticas como el VRAEM, la penetración en el poder de mafias o redes de corrupción, la expansión del narcotráfico o el tráfico de tierras, el colapso de la gestión pública y de los servicios básicos, son hechos constantes que conducen a la sociedad a un callejón sin salida porque no hay respuesta a sus demandas. No se trata de hechos aislados, el colapso del Estado y la gobernanza política es estructural, es sistémica.

¿Qué se puede esperar del proceso electoral del 2026? De entrada, la política de intereses particulares lo es todo en el sistema político peruano sin representación, con «políticos delincuentes» negociando la herencia del periodo 2021 – 2026 y una sociedad todavía desilusionada y sin referentes que los hay y están paralizados de tanto miedo interno. Los 43 partidos en contienda reflejan bien la híper atomización de intereses que podría ser el preanuncio de una situación tan igual de insostenible para el quinquenio que se aproxima. Sin embargo, el JNE debería actuar en la cancelación de los partidos que recurrieron a maniobras delictivas como el falsificar firmas, afiliar ciudadanos sin su autorización, sin locales partidarios y otras falsedades, delitos que descalifican a más de 30 partidos que la ONPE señala con pruebas a la mano que lo han practicado.

Tener tantas listas compitiendo en el proceso electoral no es alentador. Esta multiplicidad de registros generará una alta dispersión, lo que probablemente traiga mayor polarización. La fragmentación del voto hace que el resultado se vuelva un albur, pudiendo tener en la segunda vuelta dos candidaturas que no alcancen en conjunto ni el 20% de los votos. Pero llama la atención que la mayoría de los partidos inscritos que aspiran a ganar las elecciones, no parecen ser mejores que los actuales, su silencio o pasividad frente al régimen y su desconexión con las demandas de la gente, repiten los mismos vicios de oportunismo y falta de visión.

Hasta el momento no hay alianzas entre las agrupaciones políticas con el festival de soberbias levantadas y con los problemas que trae candidatear en «vientres de alquiler» que tienen dueño, en donde más de uno ha sido esquilmado y quedado con los crespos hechos como Añaños, González – Olachea, Cillóniz, entre otros. Solo los «pequeños» con poca adhesión como suele suceder con candidatos locales, quieren alianzas puesto que pueden perder soga y cabra. La renuncia de Hernando de Soto a Progresemos por serias discrepancias con el dueño del partido por la lista de aspirantes seriamente cuestionados, evidencia a más de uno, que candidatear en esas condiciones, es un enorme riesgo para ellos, la democracia y el país. Cosa diferente pasa con el cómico Carlos Álvarez de País para todos, tenemos un análisis a parte.

El proceso electoral por ahora, se asemeja más a una elección de corte subnacional o una suerte de regionalización electoral. Además, la campaña todavía no está marcada por divisiones ideológicas, las tendencias surgirán cuando se conformen las alianzas. La figura del arrastre en la cedula de votación será esta vez más difícil que funcione, lo que está llevando a varios candidatos de las regiones a pensar si les conviene ir al Senado porque será más competitivo que elegir a un gobernador regional.

A un año de las elecciones generales, persiste una fuerte desconfianza en las elecciones. En la última encuesta de IEP, un 37% de los peruanos declaró no confiar en absoluto en las elecciones, sobre todo en las zonas rurales entre los más pobres del país. Sin embargo, los jóvenes muestran mayor interés que los otros grupos etarios, y representan un segmento clave del electorado, por lo que persiste el desafío para todos de recuperar la confianza, el interés y el sentido de representación entre los sectores más vulnerables que hoy se sienten excluidos.

En este escenario, la impunidad, el pragmatismo vacío y la desvergüenza seguirá siendo la norma en nuestra política. Hoy toca que se levanten nuevas voces frente a quienes han secuestrado las instituciones para su beneficio. La lucha no consiste solo en resistir, sino articular políticamente un cambio real: desmantelar un orden y las decisiones impuestas desde el Congreso y avanzar hacia un orden basado en un pacto por justicia y libertad. No habrá solución a la crisis nacional sin reforma radical del régimen político.